Por la boca muere el pez

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Da la estadística contra la que puede pesarse la sentencia del zapatero y dice qué quedó del tribunal. Registra que en el siglo XVII se tramitaron unas 731 causas —un 30 % por superstición y brujería, un 11 % por protestantismo, un 11 % por judaizantes— y que las abjuraciones «de levi», la pena exacta que el cuento le impone a da Cunha, suman el 29 % de las sentencias: no es un castigo excepcional sino el más común del tribunal, junto con el destierro y las multas. Sitúa la gran persecución de portugueses entre 1636 y 1642, la «gran complicidad», diez años después del episodio narrado, lo que obliga a leer 1626 como un proceso por palabras y no por criptojudaísmo. Y explica el hueco documental: los archivos originales del tribunal se perdieron en un incendio y sólo subsisten las copias de relaciones de causas enviadas a Madrid.

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Es lo que permite decir por qué el expediente que Otero invoca puede no existir ya, sin acusarlo de inventarlo. Inventaria lo que se conserva del tribunal cartagenero —ocho legajos con 146 expedientes de pleitos civiles, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, producidos entre 1610 y 1781— y explica la razón del hueco: «El archivo local de procesos civiles de Cartagena que no llegaron a la instancia superior en Madrid no se conserva». Lo que subió a la Suprema sobrevivió; lo demás, no. Y aporta el ejemplo que cierra el argumento: del comerciante Juan Rodríguez Mesa, reo del tribunal y figura documentada, anota en nota al pie que «el proceso de fe de Juan Rodríguez Mesa no se conserva». Si el sumario de un mercader notable se perdió, el de un zapatero podía perderse sin dejar rastro.

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Cuenta cómo llegó a Cartagena un hombre como el del cuento y por qué su acento lo volvía sospechoso. Reconstruye la emigración portuguesa al puerto al calor de los asientos de esclavos y sostiene que «la gran emigración de portugueses judaizantes a Cartagena fue aumentando a medida que se fueron desarrollando los asientos», hasta constituir la mayor parte de la población extranjera de la ciudad. Muestra con casos nominados que ser portugués y ser procesado iban juntos —el negrero Luis Gómez Barreto, «portugués judaizante», que «sufrió un duro proceso por parte de la Inquisición»— y que fue «el hecho de ser judíos lo que acabó» con las mayores fortunas lusas del puerto. Es el contexto que la página de Otero no trae y sin el cual el arresto del zapatero parece un capricho: en esa ciudad, un lusitano lenguaraz era material de denuncia.

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Muestra el mecanismo que destruye al zapatero: cómo una reunión entre conocidos se convierte en causa de fe. Reconstruye, con los papeles del propio tribunal, una fiesta celebrada un viernes por la noche de 1690 cuyos participantes «fueron acusados de reunirse a celebrar prácticas judías», y sigue las biografías de esos tripulantes extranjeros hasta el punto en que alguien de la mesa habla. Es el reverso exacto de la tertulia del taller de El Candilejo: el peligro no venía de un enemigo sino de la compañía, y bastaba una frase oída en confianza. Sirve además para comprobar que las relaciones de causas conservadas permiten reconstruir episodios cartageneros con nombre propio cuando el documento existe, que es justo lo que aquí falta.

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Explica por qué el reo del cuento no se defiende ni tiene quien lo defienda. Sostiene que los portugueses de Cartagena «vivieron una situación peculiar no sólo por su nivel económico y profesional bajo, sino también por su ingreso y permanencia en situación irregular porque no habían obtenido la naturaleza española», y que «la implicación de no pocos en causas de inquisición por sus vínculos con el judaísmo» los llevó a rehuir el protagonismo social y quedarse «en un lugar discreto». Un chapinero lusitano que canta cantigas y suelta chistes en la calle está haciendo lo contrario de lo que su colonia había aprendido a hacer, y el relato cobra ahí un filo que su tono festivo esconde. Documenta además, con el caso de Luis Gómez Barreto, que ni el cargo de regidor libraba de ser procesado dos veces.

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Sitúa las dos escenas públicas del relato —la procesión del Santísimo y el auto de fe— en el mismo lugar y con la misma función. Describe la Plaza Mayor y sus calles como «espacio de un cierto teatro del poder especialmente visible en las procesiones, las celebraciones y los autos de fe», que es la clave de por qué el castigo del zapatero se cumple en público, con mordaza y ante nobles y pecheros. Y aporta la escena donde el chiste se vuelve delito: el obispo que reprocha que las procesiones fueran «de ordinario a tropas, en confuso, sin distinción de personas», con religiosos, mestizos, negros y mujeres mezclados. En esa confusión encaja la beata rezagada con su farol y el vecino que pasa y suelta una frase.

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Permite leer en limpio la pieza con la que «Similitudes» empareja ésta. Imprime «Genus irritabile vatum» en las páginas 67 a 69, donde el soldado Pedro Chiquillo remata a sus dos capitanes con una cuarteta —«ni la piedra vale un bledo / ni el verso un maravedí»— y lo expulsan del ejército por el chiste. Puestas al lado, la simetría se comprueba: el mismo autor construye dos veces al ingenioso pobre a quien una autoridad le cobra la lengua, y aquí la factura es de cinco años y una mordaza. Este pliego póstumo de seis piezas confirma además que las leyendas de la Selección Samper Ortega venían de «Historietas» (1934) y seguían reimprimiéndose en 1964.

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Documenta el vehículo por el que un proceso inquisitorial contado sin expediente pasó a ser lectura escolar. Publica el índice íntegro de la Selección Samper Ortega y allí el número 39 es «Enrique Otero D'costa, Leyendas»; describe el proyecto —cien volúmenes, 18.500 páginas, Editorial Minerva de Bogotá, 1928-1937— como colección barata destinada a bibliotecas de aldea, con proposición de la Academia Colombiana de Historia del 15 de mayo de 1937. Es el dato que convierte el tomo que Villa Posse reprodujo en una referencia numerada dentro de una política editorial del Estado.

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Es lo que permite calibrar el «según canta el proceso» con que esta pieza se blinda. Establece que en «Historietas» —matriz de estas leyendas— «Otero no muestra una referencia documental específica sobre el uso de las fuentes con las que trabaja», aunque «en algunas partes del libro el autor advierte la existencia de libros, tratados y documentos»: invocar un documento sin citarlo era su procedimiento habitual, no un descuido de esta página. Añade que su intención era construir conocimiento histórico serio y no costumbrismo, lo que explica que el relato dé nombre de inquisidor, nombre de contador y fecha exacta de auto de fe sin acompañarlos de una sola signatura.

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Acredita que quien escribe sobre el tribunal cartagenero tenía tribuna y oficio en la ciudad. En las páginas 630 y 631, el informe de candidatura de Arturo Quijano y J. D. Monsalve, del 1.º de abril de 1924, lo propone como miembro de número y le reconoce haber fundado dos centros de estudios históricos, el de Cartagena y el de Manizales, con sus órganos, el «Boletín historial» y el «Archivo Historial». Haber dirigido dos años una revista de historia en Cartagena hace verosímil que manejara papeles locales, que es la afirmación implícita del relato: la hace verosímil, no la comprueba.